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El día lunes 13 de mayo se evaluará el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra la ex alcaldesa Susana Villarán. El pedido realizado por la Fiscalía ha complicado la situación legal de la exalcaldesa, de cara a las investigaciones que se le realizan por supuestos aportes no declarados a su campaña contra la revocatoria.

Fue el fiscal Carlos Puma, del equipo de investigación del caso Lava Jato, quien presentó el pedido de prisión preventiva alegando supuesta culpabilidad en los delitos de lavado de activos, cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir. También se solicitó la prisión preventiva para José Miguel Castro , exsecretario municipal, quien  junto a Villarán habrían solicitado financiamiento a dos empresas brasileñas.

Los primeros aportes fueron en el 2013. Para la campaña del No a la Revocatoria, Susana Villarán recibió tres millones de dólares de Odebrecht y tres millones de OAS. Luego en su campaña de reelección del 2014, recibió cuatro millones de OAS. Fue el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien afirmó que la constructora brasileña aportó dicha cantidad a la campaña del No a la revocatoria de para mantener la concesión de Rutas de Lima. Barata incluso afirmó haber tenido una conversación telefónica con la exalcaldesa, donde ella le agradecía los aportes recibidos.

Villarán tiene vigente una orden de comparecencia restringida, que la obliga a acercarse mensualmente a la Fiscalía para el control correspondiente. Así mismo la exalcaldesa está prevenida de no variar su domicilio sin previa autorización. Ivan Paredes, abogado de Villarán, afirma que su patrocinada ha cumplido con todos los requerimientos de ley por lo que pedir una prisión preventiva es innecesario. «Mal se haría en pedir prisión preventiva porque ella ha cumplido estrictamente con las investigaciones. Para variar una prisión preventiva debería de incumplir las restricciones que ya tiene» declaró el abogado.